La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública

La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública

29 de enero de 2018

Madrid, 29 ene (EFE).- La vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su mayoría a cargo de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018.

Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.

Pero según ha dicho Ortiz, la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos.

Durante su comparecencia, Ortiz ha recordado que en el anterior mandato dejaron "huérfanos" a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y ha dicho que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales.

En estos últimos encuentros por separado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones.

Ha recordado que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos.

Ortiz ha precisado que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, aunque en unos meses se cubrirán 956.

Y ha señalado que cada año se gestionan alrededor de 120.000 sentencias de medidas alternativas a la prisión (generalmente trabajos en beneficio de la comunidad), por lo que ha abogado por redistribuir los efectivos a fin de mejorar este servicio.

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La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública

Queremos antes de todo, dar la enhorabuena a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Quien la sigue la consigue, y han conseguido dejar en breves con esta medida a varios miles de compañeros en la calle. Pero la culpa no es desde luego de estos sindicatos. A quien más se lo podéis agradecer es a ese gran número de “compañeros” que siguen votando y pagando a estos sindicatos, todo ello aún a costa de que muchos de los que lo hacen se van a ir a la calle.

Ahí tenéis una de tantas y tantas notas de prensa y lucha que han tenido para conseguir su propósito. Algo que no veréis para reclamar o luchar por algo en este sector. Esto en cualquier otro gremio, costaría miles de bajas de afiliados, aquí ya hemos dejado hasta de pedirlo. Por tanto, disfrutad lo que pagáis y votáis.

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UGT celebra el anuncio de Instituciones Penitenciarias de rescindir los contratos con empresas privadas de Rajoy

30 de enero de 2018

El rescate público de la seguridad de las prisiones ahorrará 34 millones

La vigilancia exterior de las cárceles, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se dejó en manos de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según ha anunciado Instituciones Penitenciarias. Este miércoles, representantes del sindicato UGT Prisiones se han concentrado ante el Congreso de los Diputados para celebrar esta decisión.


"Celebraremos que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya decido dar los pasos, como ha planteado en cada reunión UGT-PRISIONES, para prescindir de la seguridad privada en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios. Con tal medida se generaría un ahorro que podría venir a sufragar la justa y legítima subida retributiva que venimos reclamando para el colectivo de trabajadores penitenciarios", explica el sindicato en su web.

La intención del Gobierno es revertir la herencia del PP
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció la intención del Gobierno en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018. Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.

Un ahorro de 34 millones de euros
La vuelta a la seguridad pública representará, según dice el portavoz de UGT Prisiones, Antonio González, a El Plural, un ahorro de 34 millones de euros, que permitirá solucionar el conflicto de prisioones porque nos garantizaría la subida salarial que nos prometieron en tres ejercicios, una subida de unos 125 euros".


"UGT prisiones se reunió con el secretario general de Prisiones el pasado jueves y le insistimos mucho en este tema, que la ley encomienda la seguridad exterior de las cárceles a las Fuerzas de Seguridad del Estado", explica González.

Ortiz prometió rescindir los contratos privados
En su comparecencia en el Congreso, Ortiz informó que la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos, informó EFE.

Durante su comparecencia, el director de Instituciones Penitenciarias recordó que en el anterior mandato dejaron "huérfanos" a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y ha dicho que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales. En estos últimos encuentros por separado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones.


El responsable de prisiones recordó que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos, y precisó que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, aunque en unos meses se cubrirán 956.

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Alternativasindical se manifestará en Madrid, el próximo 27 de febrero ante la Secretaría General De Instituciones Penitenciarias ante la inminente pérdida de más de 1.000 puestos de trabajo

6 de febrero de 2019

Alternativasindical ha registrado ante la Delegación de Gobierno comunicación de manifestación protesta, que se celebrará el próximo día 27 de febrero a las 11 horas ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que precederá a una próxima convocatoria de huelga en todo el territorio Nacional en los centros penitenciarios, todo ello de no revocar el plan avanzado por parte del Secretario General de Instituciones Penitenciarias con el fin de sustituir los vigilantes de seguridad por agentes de la Guardia Civil supondrá la pérdida de 800 puestos de trabajo de personal cualificado por agentes que tendrán que formarse en dichas tareas, pues los que anteriormente las desarrollaban ocupan nuevos destinos desde hace años.

Esta medida adoptada por el Gobierno, se debe entre otras cuestiones al conflicto que mantiene el Ministerio que dirige Grande Marlaska y cuya razón de ser, entre otras medidas, son los 123 millones de euros que reclaman los funcionarios de prisiones a repartir entre los ejercicios 2019 y 2021 (subida que en su momento fue aprobada para luego dar marcha atrás). Es decir, que no llega a 40 millones anuales, y que ahora quiere ser compensado dejando en el paro a más de 1.000 trabajadores de seguridad privada que prestan hoy servicios en las carceles Españolas.

Como ya hiciera el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien avanzó esta decisión mediante comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso. El plan para sustituir a vigilantes de seguridad por guardias civiles en las prisiones después de la valoración positiva realizada por el ministerio del Interior desde el año 2016, no puede más que obedecer a presiones políticas y estrategias electorales, que nada tienen que ver con la seguridad o rendimiento que estos profesionales de seguridad privada vienen ofreciendo en los centros penitenciarios. Desde alternativasindical exigimos que el gobierno de marcha atrás en sus intenciones y que los distintos partidos políticos se opongan a una eliminación de empleo sin sentido, que tampoco supondrá un aumento en las plazas de opositores del Instituto Armado, como ya se ha comprobado cuando sí estaba estos centros a cargo de este colectivo.

Las 67 prisiones que existen en toda la geografía española que cuentan hasta ahora con vigilantes de seguridad privada para llevar a cabo labores que hace años eran función exclusiva de la Guardia Civil, como el control de la sala monitores o el de los accesos a los recintos penitenciarios ha sido todo un éxito, y un aumento en el empleo en un sector a la baja de casi 1.000 trabajadores.

De llevarse a cabo, la mayor parte de la formación para estas funciones tan especificas, la tendrían que realizar los propios vigilantes a los Guardias Civiles antes de abandonar los centros, ya que es la única forma de aprender los protocolos y tareas específicas propias de su nueva labor.

Ya en en el año 2016, cuando se llevó a cabo esta medida, tanto el gobierno como el Instituto Armado afirmaron que la sustitución de estos por vigilantes no conllevaría ni a la postre conllevó, la reducción de la plantilla de guardias civiles, por lo que podemos afirmar que esto solo obedece a presiones de los sindicatos de clase y de funcionarios como son UGT, CCOO y CSIF que llevan años reclamando la salida del colectivo de vigilantes de seguridad de cualquier espacio público.

Alberto Garcia Martínez
Coordinador Nacional de Comunicación de alternativasindical

Se adjunta comunicación de concentración el día 27 de febrero

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Los diez vigilantes de seguridad en la cárcel de León temen perder su empleo antes de mayo

7 de febrero de 2019

La Guardia Civil envía a una decena de efectivos para tomar el relevo a la seguridad privada | Los trabajadores aseguran que habrá movilizaciones y piden mantener la situación actual

Fue un relevo programado seis años atrás y entonces se optó por dotar de seguridad privada a los centros penitenciarios con el fin de mantener los 'filtros' previos a los ingresos y liberar guardia civil para otras funciones externas a las prisiones.

Una decisión que llevó al Centro Penitenciario de León a contratar a diez vigilantes de seguridad que ahora temen por su empleo. Los contratos finalizan en mayo, pero los agentes que empezarán a cubrir sus puestos de trabajo ya han llegado a la provincia para dar 'el relevo'. Un hecho que ha puesto la alarma en la posibilidad de que la decena de vigilantes que ahora se encargan de la seguridad del centro pierdan su empleo antes de que finalicen los contratos.


Los trabajadores que desempeñan sus funciones en la provincia leonesa ya han anunciado que «habrá movilizaciones» si la situación cambia y no se respetan sus contratos. Con la vista puesta en las próximas jornadas y en que los Guardias Civiles no ocupen los diez puestos de Villahierro hasta mayo desde los sindicatos de representación de los vigilantes de seguridad privada han alertado que se «tomarán las medidas necesarias para defender los muchos puestos de trabajo de Vigilantes de Seguridad que pretenden destruir».

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La FTSP-USO convoca concentración día 18 de febrero en el Centro Penitenciario Salto del Negro.

11 de febrero de 2019

La FTSP-USO convoca concentración el dia 18 de febrero de 2019 a las 11:00 horas en el Centro Penitenciario Salto del Negro s/n, La Montañeta, Las Palmas de Gran Canaria.  

Para protestar por la pérdida de puestos de trabajo de vigilantes de seguridad según ha anunciado el Director General de Instituciones Penitenciarias el Sr. Ángel Ortiz y proceder a la sustitución de los vigilantes de seguridad por miembros de los FyCSE en el exterior de las prisiones.
Desde esta Federación es inasumible este cambio, que de producirse afectará a miles de empleos en el sector y que por otra parte creará un problema de inseguridad ciudadana en las calles, al retirar de las mismas a unos mil efectivos de ambos cuerpos policiales.
Entendemos que el Ministerio del Interior no está en disposición tanto organizativa como económicamente, de convocar dichas plazas de Guardia Civil y Policía Nacional en un corto espacio de tiempo.
Estas concentraciones son las primeras medidas que desde esta Federación vamos a tomar para defender estos puestos de trabajo que realizan los vigilantes de seguridad en Prisiones, no descartando cualquier otra medida encaminada  a defender estos derechos


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La cárcel de Logroño podría quedarse sin seguridad privada el 31 de mayo

12 de febrero de 2019

Los trabajadores que vigilan el perímetro de la prisión, la mayoría antiguos escoltas en el País Vasco y Navarra, piden a Interior que les aclare su futuro

El 'día D' será el próximo 31 de mayo. El contrato que el Ministerio del Interior tiene con las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en los controles perimetrales y de primer acceso a los centros penitenciarios expirará el último día de mayo. La única duda es saber si el Ejecutivo activa o no la prorroga de un año prevista en la redacción de aquel acuerdo. Ese día, cerca de un millar de vigilantes de seguridad se quedarán sin servicio y a expensas de la decisión que tome la firma para la que trabajan. Entre ellos, los 33 que prestan sus servicios en el centro penitenciario de Logroño desde el año 2013.

«Llevamos seis años realizando un buen trabajo en coordinación y colaboración con la Guardia Civil», explica uno de los trabajadores de Logroño que prefiere permanecer en el anonimato. La alarma se activó después de que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, informará durante la presentación de los presupuestos de su departamento para el 2019 la intención de prescindir de sus servicios y reasignar esas funciones a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.


«No han explicado los motivos de la medida», inciden desde la prisión de Logroño. «Esa decisión supondrá reasignar recursos de seguridad ciudadana al control exterior de las prisiones», interpretan al tiempo que dicen estar «en una indefensión absoluta, ya que el ministro del Interior no nos dice nada pero en reuniones que han mantenido con representantes de funcionarios de prisiones sí que les han dicho que no seguiremos». También critican que algún sindicato ha reclamado para los funcionarios de instituciones penitenciarias los 34 millones de euros que el Estado se ahorraría con la resolución del contrato.

El caso de los trabajadores de vigilancia privada del centro penitenciario logroñés, además, es particular: la mayor parte de ellos se fajaron en los años duros de ETA como escoltas en el País Vasco y Navarra y, después de que se prescindiera de sus servicios desde el propio Ministerio, aseguran, se les ofreció la posibilidad de asumir estas funciones. «Aquello fue un proyecto piloto, una especie de recolocación encubierta para los escoltas que se organizó desde el Ministerio del Interior». Buena parte de ellos acabó en Logroño: «En un primer momento, los 23 que nos encargábamos de la vigilancia del perímetro de la prisión logroñesa éramos antiguos escoltas que habíamos trabajado en el País Vasco. Nos desplazamos con nuestras familias a La Rioja y a otras regiones para poder seguir trabajando y ahora, no sabemos muy bien porqué, quieren prescindir de nuestros servicios», sostiene uno de los afectados. «Todos somos bastantes veteranos, con una experiencia larga y muchas empresas de seguridad directamente no nos quieren», completa.

Esa situación, además, creen que podría ser la punta de lanza de la realidad en que viven no pocos vigilantes de seguridad. «En España, todas las infraestructuras críticas (centrales nucleares, eléctricas...) están vigiladas por empresas privadas», recuerda al tiempo que deja en el aire la posibilidad de que la medida se extienda a otros sectores.

Este miércoles, han convocado una concentración silenciosa (12 horas) a las puertas del centro penitenciario de Logroño.

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50 personas se concentran en defensa de los trabajadores de seguridad privada


13 de febrero de 2019

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Concentración de trabajadores sector de Seguridad Privada. / SONIA TERCERO

Según los datos del responsable de Seguridad Privada de UGT La Rioja, al parecer, a partir de ahora, no se renovarían los contratos de las empresas de seguridad, una vez cumplidos

Unas cincuenta personas, convocadas por UGT, se han concentrado frente al centro penitenciario de Logroño para rechazar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asuman la seguridad exterior de las prisiones y apoyar a los trabajadores de seguridad privada.

El responsable de Seguridad Privada de UGT La Rioja, Iñaki Cortabitarte, ha asegurado este miércoles, en declaraciones a Efe, que medio centenar de trabajadores de Soria, Pamplona y Logroño han asistido a esta convocatoria para defender a sus compañeros.

«Somos vigilantes de seguridad y defendemos nuestros puestos de trabajo», así rezaba la pancarta, tras la que Cortabitarte ha explicado que la medida de prescindir de la seguridad privada, anunciada por Instituciones Penitenciarias, afectaría a más 900 trabajadores de este colectivo, 30 de ellos del centro penitenciario de Logroño.

«Moneda de cambio»

El responsable del sector de Seguridad Privada de UGT en La Rioja ha señalado que están «un poco hartos» de que ser la «moneda de cambio» de «los ejecutivos centrales de turno», dado que cuando gobierna uno les mandan «a una cosa» y cuando está el otro, a otra, ha detallado.

«Nosotros nos hemos concentrado para luchar y defender nuestro puesto de trabajo, y pelearemos hasta el final, eso sin chillar, de forma pacífica», ha anunciado Cortabitarte, quien ha añadido que les gustaría llevar la concentración a Madrid parar la ley que Instituciones Penitenciarias «se ha sacado de la manga».

Asimismo, ha puntualizado que, según sus datos, al parecer, a partir de ahora, no se renovarían los contratos de las empresas de seguridad, una vez cumplidos.

Por ello, ha denunciado que se trata de «una medida arbitraria, no sustentada en razones de seguridad» y, por lo tanto, «incomprensible», ha concluido.

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Interior mantiene la seguridad privada en prisiones que el PSOE quería anular

El Ministerio del Interior ha decidido renovar el contrato a la seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles, que ya ha supuesto 210,7 millones de euros desde el 2013 y que los socialistas querían cancelar, tal y como expresaban en una iniciativa presentada el mes pasado en el Congreso.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado esta "contradicción" entre lo que el PSOE ha reclamado en diversas ocasiones -la última el 2 de febrero en una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja- y la decisión del Ministerio de prorrogar el contrato de apoyo a la seguridad exterior en centros penitenciarios.

Según ha indicado el responsable de AUGC en los Servicios de Protección y Seguridad, Rafael Sánchez, él mismo realizó sendas consultas al portal de transparencia sobre este contrato y desde el Ministerio del Interior se le respondió que se prorrogaría siete meses, es decir desde el 31 de mayo hasta el 31 de diciembre de este año.

"Al objeto de dar continuidad a los servicios establecidos se ha previsto un una prórroga de siete meses de duración, sin que hasta la fecha se haya valorado la continuidad o extinción de ese contrato", subraya Interior en su respuesta.

Y en otra posterior, el Ministerio cifra en 20,9 millones de euros el coste estimado de esa prórroga.

Plan iniciado en el 2013

Fue en el 2013 cuando se puso en marcha este plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles, lo que levantó las protestas de los sindicatos de prisiones, de asociaciones de guardias civiles y de algunas formaciones políticas, como el propio PSOE e Izquierda Unida.

Con esa decisión, el Gobierno de entonces pretendía ofrecer una salida a los escoltas del País Vasco que quedaban liberados por el cese de la violencia de ETA y, además, muchos agentes de la Guardia Civil destinados en esos puestos de vigilancia exterior podrían recuperarse para labores de seguridad ciudadana.

Sin embargo, el representante de AUGC cree que ninguna de estas dos pretensiones se ha cumplido y que, por el contrario, se "han duplicado" los servicios y "se ha beneficiado" a las empresas privadas, que "están obteniendo grandes beneficios".

El representante de AUGC ha recordado que, recientemente, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, compareció en el Congreso para explicar los presupuestos de su departamento y aseguró que la vigilancia exterior de las cárceles volvería a la seguridad pública a medida que se fuera reponiendo el déficit de plantillas de la Policía y la Guardia Civil.

Sánchez insta a no renovar

Asimismo, Sánchez ha hecho referencia a la iniciativa del PSOE en el Congreso, en la que se insta al Gobierno "a no renovar el contrato de servicio de apoyo por las empresas privadas de seguridad en los centros dependientes del Ministerio del Interior".

Insta también a "sacar las oportunas convocatorias de plazas" de las fuerzas de seguridad del Estado "para atender las necesidades que se derivan por la escasez de recursos personales actuales en la seguridad perimetral de las prisiones".

AUGC reclama que el Gobierno "sea consecuente con sus postulados y no prorrogue el contrato", ya que entiende que ese "ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos".

Resalta AUGC que los vigilantes que prestan esos servicios perciben "unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública".

Sánchez ha calculado el coste total de la seguridad privada en las cárceles desde su puesta en marcha, con un total de 210 millones si se cuenta la próxima prórroga.

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