El pánico a los okupas crea un nuevo sector dedicado a los desalojos privados

El pánico a los okupas crea un nuevo sector dedicado a los desalojos privados

13 de mayo de 2018

La polémica comenzó con los métodos al límite de la ley de Desokupa, una empresa que ficha luchadores de artes marciales, los llama mediadores y los envía a convencer okupas para que abandonen las viviendas donde han entrado. Pero su idea ha creado escuela. Siguiendo su estela han aparecido empresas como Gestokupa y Desokupación Legal, que tienen web propia y se anuncian en Google. Otras personas o grupos, más irregulares, ofrecen servicios similares en portales de clasificados como Milanuncios.com. Mientras tanto, Desokupa continúa su expansión. El dueño, Daniel Esteban, explicó al ARA previsto abrir pronto una nueva oficina en Mallorca, donde ya han hecho media docena de desalojos. Es un sector económico nuevo: el de los vaciadores de pisos, ya sea con métodos legales o más irregulares.

"No damos abasto -dice Esteban-. Recibimos unas 150 llamadas de toda España cada día ", asegura. Añade que Mallorca es una de las zonas más calientes, que ya actúan aunque no tengan oficina, y que justo esta semana tiene previsto realizar un desalojo en Ibiza. Siempre defensa que actúan cumpliendo la ley estrictamente, pero el Observatorio DESC se ha querellado en contra por sus "prácticas irregulares", que la concejala del distrito barcelonés de Ciutat Vella, Gala Pin, no duda en definir directamente como " mafiosas ".

Entre las últimas polémicas que afectan a esta compañía está la denuncia de una familia que vivía en el Raval de Barcelona. Culparon trabajadores de Desokupa de empujar la mujer, que estaba embarazada de tres meses, hacerla caer al suelo del piso que querían desalojar y causarle un aborto. El juez absolvió la empresa pero el Ayuntamiento de Barcelona, ​​que se había personado en el caso, anunció que recurriría la decisión judicial.

10.000 euros para la expulsión

En los portales de anuncios clasificados es fácil ver ofertas para hacer desalojos por la vía privada, sin contar con la justicia. Llevan títulos como "Desokupa tu vivienda en 72 horas", "Todo tipo de desahucios" o "Desalojos expreso". Este diario se ha puesto en contacto con el responsable de un anuncio que, con el señuelo "Recuperaciones y desahucios", se ofrece a expulsar inquilinos que no pagan y okupas. A la petición de ayuda para vaciar un piso en el barrio de Gracia de Barcelona, ​​el hombre responde con una llamada a las pocas horas diciendo que media de un "amigo" que hace desalojos por 10.000 euros. Sin factura ni IVA, claro.

"El amigo mío este hace desalojos en toda España -dice-. Le da igual donde tenga que ir, lo único que hace falta es que nos envíes la escritura del piso que demuestre que es tu o que nos la dejes ver ". A la hora de concretar cómo se ejecutan los desalojos, el hombre del anuncio, que se hace llamar Miguel, no lo dice. "Yo me dedico al tema de la inmobiliaria y no he ido nunca con él", se excusa. Lo que está claro es que no hay mezcla la justicia ni la policía. Cuando se le dice que los okupas inventados no han querido ni aceptar dinero para marchar, contesta que lo hablará con el "amigo" pero que confía en que los echará igualmente. "Pegarle los no les pegará, pero tampoco irá con buenas palabras", añade sin aclarar demasiado, pero insinuando una manera de hacer que se podría corresponder con un delito de coacciones.

Las peculiaridades del sector llegan hasta el punto de que una compañía de servicios inmobiliarios -Expannia- ha llegado a anunciar en el mismo portal de anuncios clasificados buscando un "director de seguridad titulado" para una "nueva empresa de desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente ". Pretendían subcontratar los desalojos a algún autónomo con titulación y sin antecedentes penales que estuviera dispuesto a actuar por encargo en la zona de Barcelona. La empresa ofrecía "trabajos por horas o días completos bien remunerados, según el volumen de servicios", a los aspirantes a desallotjadors de okupas.

Multa por La Bienaventurada

Algunas maneras de desalojar okupas oscilan entre la falta de ética y la ilegalidad. El jefe del Servicio de Seguridad Privada del Gobierno, Joan Camps, comunicó el mes pasado a ADN Sindical que había abierto un procedimiento sancionador a la empresa Elite Control por una presunta infracción muy grave de la ley de seguridad privada que podría llevar a una multa de entre 30.000 y 600.000 euros. El sindicato de vigilantes privados había denunciado esta empresa dos años antes. Trabajadores de Elite Control habían participado en el desalojo de La Bienaventurada, una casa ocupada en el barrio de Les Corts de Barcelona, ​​haciendo -como mínimo- tareas de vigilancia y control de acceso. Pero, tal y como avanzó ya entonces este diario, la empresa no tenía ninguna autorización para realizar tareas de seguridad privada.

Fuentes de ADN Sindical lamentan que haya costado dos años abrir el procedimiento sancionador y critican la "pasividad" del Gobierno ante el elevado intrusismo del sector de la vigilancia privada. El departamento de Interior sancionó 35 infracciones administrativas a la normativa de seguridad privada los años 2016 y 2017, según ha comunicado a la ARA. La mayoría de multas fueron por intrusismo, aunque también hubo para la contratación de personal sin la formación mínima exigida para este sector.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]